El Consejo de la Unión Europea respalda nuevas medidas para facilitar la compartición de datos en Europa

La Unión Europea continúa ajustando el marco regulatorio sobre el que se sostiene la economía del dato. El Consejo de la Unión Europea ha acordado su posición sobre una de las iniciativas incluidas en el paquete de simplificación digital conocido como Digital Omnibus, una propuesta que busca reducir cargas administrativas en ámbitos como la protección de datos, la privacidad electrónica y la ciberseguridad.

La decisión, que se hizo pública el pasado jueves 21 de octubre, llega en un momento en el que Europa trata de acelerar el desarrollo de espacios de datos y reforzar la circulación de información entre organizaciones, sectores y estados miembros. Aunque la propuesta tiene un alcance regulatorio, sus efectos se hacen palpables en aquellas iniciativas que dependen de la compartición y reutilización de datos para generar valor.

Durante los últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha iniciativas como el Reglamento de Gobernanza de Datos, el Reglamento de Datos o los espacios europeos de datos para impulsar la compartición y reutilización de información entre organizaciones. Sin embargo, la complejidad regulatoria sigue siendo uno de los principales obstáculos para muchos proyectos basados en datos. 

En esta línea, según Helen McEntee, ministra de Asuntos exteriores y Comercio de Irlanda «simplificar y racionalizar el marco normativo de la UE facilitará que las empresas operen en Europa, reduciendo las cargas administrativas mientras se mantienen elevados estándares de privacidad y protección de los derechos de la ciudadanía.»

Más seguridad jurídica para la economía del dato

La medida responde a una situación habitual en muchos proyectos de compartición de datos. Antes de intercambiar información, las organizaciones deben evaluar requisitos legales, riesgos regulatorios y responsabilidades asociadas al tratamiento de los datos. Cuando existen interpretaciones diferentes sobre una misma obligación, aumentan los costes de cumplimiento y se ralentiza la colaboración.

Una mayor claridad normativa puede contribuir a reducir esa incertidumbre y facilitar la participación de administraciones públicas, empresas, centros tecnológicos y organizaciones de investigación en espacios de datos sectoriales y transversales.

La propuesta también incorpora medidas relacionadas con la investigación científica basada en datos. Una interpretación más homogénea de determinadas disposiciones podría favorecer el desarrollo de proyectos colaborativos en ámbitos como la salud, la movilidad, la energía o la investigación aplicada, donde el acceso a datos de calidad resulta esencial para generar conocimiento e innovación.

Impulso a la competitividad y a la innovación basada en datos

El texto incluye además medidas para reforzar la protección de secretos comerciales en escenarios de compartición de información. Se trata de una cuestión especialmente relevante para el sector privado, donde la protección del conocimiento estratégico sigue siendo uno de los factores que condicionan la participación en ecosistemas de datos.

Las organizaciones que comparten información necesitan garantías sobre el uso de sus activos y sobre la protección de sensible con valor económico. Reforzar estas salvaguardas puede contribuir a generar entornos de colaboración más sólidos y aumentar la confianza entre los participantes.

La propuesta también aborda el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Aunque no modifica los principios fundamentales de protección de datos, busca ofrecer una mayor previsibilidad jurídica para las organizaciones que desarrollen o utilizan soluciones basadas en IA, una actividad estrechamente vinculada a la disponibilidad y reutilización de datos.

En palabras de Thomas Byrne, ministro de Estado para Asuntos Europeos y Defensa de Irlanda, estas acciones dentro del marco del Digital Omnibus «reducirán los costes de cumplimiento y reforzarán la competitividad y la innovación»

Tras el acuerdo alcanzado por el Consejo, la propuesta continuará ahora su tramitación en el Parlamento Europeo. Más allá de los ajustes regulatorios, la iniciativa persigue crear mejores condiciones para que organizaciones públicas y privadas puedan compartir y reutilizar datos con seguridad jurídica. Un factor clave para aprovechar el potencial económico y social de los datos en Europa.